Los agricultores, así como las Cooperativas, que si por algo se caracterizan es por la capacidad que tienen sus integrantes de sentirlas suyas y de introducirse en lo más íntimo de cada socio, necesitan una Administración que entienda la agricultura como sector estratégico, manteniendo la estabilidad de los sectores productivos, en tanto que dejar la regulación de la actividad productiva en manos del mercado, puede desvirtuar el propio objetivo de la PAC , que no era sino garantizar la producción de alimentos, suficientes, sanos y seguros, a la vez que asegurar unas rentas dignas para los agricultores.
Los profesionales agrarios necesitan que las administraciones, pongan en marcha medidas para promover la calidad de nuestros productos y fomentar su consumo; que busquen mecanismos para controlar las importaciones de países terceros, garantizando precios estables y dignos para productores y consumidores, no pudiendo tratar de agricultores a aquellos que quieren recibir ayudas por no producir.
Los profesionales agrarios necesitan que las administraciones, pongan en marcha medidas para promover la calidad de nuestros productos y fomentar su consumo; que busquen mecanismos para controlar las importaciones de países terceros, garantizando precios estables y dignos para productores y consumidores, no pudiendo tratar de agricultores a aquellos que quieren recibir ayudas por no producir.
En un nuevo escenario donde el mercado será el único dirimente que decidirá qué empresas seguirán y cuales se quedarán en el camino, necesitamos que nuestras cooperativas, motor económico, en algunos casos exclusivo, de nuestros pueblos, con un capital comprometido con el desarrollo económico y social de su ubicación, vinculadas al territorios, sean fuertes y transformen los productos de calidad que se producen en nuestra provincia. El nuevo modelo cooperativo con vocación de mercado requiere de una nueva dimensión empresarial propiciada por el fomento de la integración cooperativa, así como el reforzamiento de las estructuras comerciales, la internacionalización y promoción de los productos agroalimentarios cooperativos.
La falta de promoción y defensa de sus rentas, hace peligrar la producción agrícola, de muchos socios viticultores, que también deberán dar pasos para dotarse de unas explotaciones con la suficiente dimensión y rentabilidad, para que sean viables.
En abril de 2.008, la UE ha aprobado la Reforma de la OCM de 1.999, debido a la pérdida de competitividad de los vinos de países tradicionales frente a los vinos de los países emergentes, impulsando un modelo de agricultura industrial especulativo, concentrando la producción en aquellos territorios que permiten obtener grandes volúmenes de producción estandarizada a bajo coste (deslocalización), provocando un gran impacto ambiental y territorial, con un uso intensivo de recursos naturales.
El presupuesto de la OCM reserva una partida presupuestaria destinada al arranque subvencionado de viñedo, que se llevaría a cabo en 3 años para 175.000 Has de viñedo en toda la U.E. Este presupuesto, en lugar de destinarse a las necesidades comentadas del sector vitivinícola, se entrega a aquellos que dejarán de ser viticultores, los cuales, en esta situación de elevados costes de producción, bajos costes de mercado, incertidumbre legislativa y falta de relevo generacional, ven en estas subvenciones por abandono, una puerta de salida de emergencia, subvencionando de esta forma el desmantelamiento de un sector estratégico, en lugar de apoyarlo, firmando una crónica de muerte anunciada de unas cooperativas, hasta ahora incentivadas por la propia Administración para realizar inversiones multimillonarias en aras de una mejora de sus instalaciones, y que tendrán que cerrar sus puertas por falta de producción.
De esta forma, únicamente podrán subsistir, aquellas que, de forma individual o integradas en grupos más grandes con presencia en otras zonas vinícolas españolas, tengan fuerte estructura comercial, mercados consolidados, buen marketing e incluso con el enoturismo como vía de comercialización.
Esta medida induce a la destrucción del tejido agrario e industrial, a la vez que beneficia a aquellos que más han contribuido a la generación de excedentes, en tanto que la subvención se realiza en función del rendimiento medio de cada explotación.
En nuestra provincia han solicitado la medida de arranque 3.500 viticultores, siendo el tipo medio de viticultor que ha solicitado arranque, o esté pensando en ello, un agricultor tradicional de edad avanzada, que no ha realizado grandes inversiones en medios de producción y busca una salida de la actividad, pero también desean arrancar muchos agricultores a tiempo parcial que tenían la viña como complemento de sus rentas, y ante la sensación de inutilidad de su esfuerzo, la razón prioriza frente al sentimiento de apego al terruño, y mas pronto que tarde, terminarán abandonando el cultivo, con o sin subvención.
La entrada en vigor del Régimen de Pago Único el 1 de enero de 2006, establecido en base al Reglamento (CE) 1782/2003, establece una ayuda única por explotación, calculada en función de las ayudas percibidas o las producciones entregadas en un periodo de referencia y no subordinada a la producción de ningún producto determinado.
En el Programa de Apoyo al sector vitivinícola español y, por tanto, en el proyecto de Real Decreto para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español se recoge que se pagará una ayuda a la destilación de alcohol para uso de boca contemplada en el artículo 17 del Capítulo I del Título II del Reglamento (CE) Nº 479/2008, en las campañas vitivinícolas 2008/2009 y 2009/2010, a los viticultores que hayan entregado uva, que posteriormente se haya utilizado por la bodega o cooperativa, con destino a destilación para uso de boca, y a partir de 2011, percibirán derechos de pago único.
La disposición adicional primera de Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, establece que a partir del uno de enero de 2009, los viticultores que hayan entregado uva que posteriormente se haya utilizado por la bodega o cooperativa, para la elaboración de mosto no destinado a la vinificación, percibirán derechos de pago único.
El período de referencia elegido para el cálculo de los derechos, es el comprendido en las campañas 2005-2006 y 2006-2007, lo que lesiona gravemente, los intereses de aquellos viticultores que acogidos a los planes de reestructuración y reconversión del viñedo, han realizado grandes inversiones para mejorar la competitividad técnica y comercial de sus explotaciones, y que en estos años tuvieron una escasa o nula producción, y de igual forma se lesiona a aquellos viticultores que por inclemencias meteorológicas, tuvieron una escasa o nula producción.
Esta ayuda, aunque es por hectárea, la van a recibir los viticultores, por el vino destilado en campañas anteriores (después del periodo transitorio), por lo que los viticultores que iban a la cantidad, los que más han contribuido a la generación de excedentes, son lo que más van a cobrar, y los viticultores y productores que hayan buscado una producción de calidad para elaborar vinos vendibles en los mercados, se quedan fuera de esta ayuda.
Estos derechos, por otra parte, se asignan a los productores a una fecha de referencia, que no tienen por qué ser viticultores en la actualidad. Es más, pueden asignarse a viticultores que lo fueron en el período de referencia, y que se han acogido a la prima por arranque definitivo, y que por lo tanto ya no son viticultores, y que podrán activar estos derechos en tierras no cultivadas de viñedo.
Por otra parte, a la hora de asignar derechos de destilación de uso de boca, se han tenido en cuenta dos límites: uno que no se pueden asignar más derechos que hectáreas tenga el viticultor en su registro vitícola, y por otra parte se ha introducido un coeficiente corrector de un límite de rendimiento de 80 hl/ha. Estos límites no se han establecido a la hora de asignar los derechos de mosto, con lo cual hay viticultores que van a recibir más derechos que hectáreas tienen de viñedo, por lo que se verán obligados a buscar hectáreas admisibles (TA, PA, PS, PR…) para activar dichos derechos, o de otra forma perderlos.
En consecuencia solicitamos de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha una normativa legal del rango adecuado para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
- Rechazo al desacoplamiento de las ayudas, previstas para facilitar el desmantelamiento del sector agrario, considerando que es fundamental mantener la actividad agraria sin que esto signifique intensificar el modelo de producción, garantizando la producción de uvas, así como la viabilidad de nuestras cooperativas.
- Rechazo al establecimiento de unas ayudas vinculadas a la producción referenciada a u período determinado y pasado, proponiendo un reparto de las ayudas en función de la superficie cultivada por cada viticultor explotador, evitando de esta forma que las ayudas salgan del sector vitivinícola, así como los movimientos especulativos.
- Necesitamos una política agraria que defienda un modelo de agricultura social, sostenible y viable económicamente, generador de empleo y que ayude al equilibrado asentamiento de la población en el medio rural.