La crisis económico financiera mundial, que parecía que iba a solucionar el “dios” Obama, pone de manifiesto que ante un mercantilismo suicida, e incluso homicida, hay que imponer un modelo de agricultura prioritario, que evite una política de márgenes abusivos, que garantice unos precios dignos, que entienda el sector agrario como sector estratégico, que fije la población al territorio y que persiga esos objetivos, originarios de la UE, de conseguir alimentos suficientes, sanos y seguros.
Parece que ante el hundimiento de los sectores de la construcción y de los servicios, el sector agrario se está manteniendo. ¡Pues NO!. Las materias primas están en manos de los especuladores, de las grandes cadenas y de los grandes compradores (sin los cuales no podríamos vivir) que venden a resultas, o incluso a pérdidas como reclamo de otros productos, y por otra parte, los costes de producción se han multiplicado.
Existe un regreso al campo, pero no porque sea un sector boyante, sino porque en el campo se sobrevive más que unos zapatos colgados. El sector agrario siempre ha estado en crisis, por lo que habrá que buscar culpables tanto en la política como en el propio sector, y de esta forma definir el modelo de agricultura que queremos más allá del 2013.
En estos momentos el vino se está pagando a 180 días, ha descendido el consumo y ha descendido el valor del producto, lo que determina un escenario realmente alarmante, más aún si cabe en los vinos de mesa frente a los de Denominación de Origen, en tanto que estos últimos mantienen una caída más suave.
Los precios de los productos vitivinícolas han caído en torno a un 35-40% respecto a la campaña pasada; a esto hay que añadir una bajada de ventas de entre el 35-40% en relación con la campaña anterior, y unas previsiones de ventas sin retirar que oscilan entre el 10 y el 15%, lo que supone un aumento del 40-45% de las existencias en comparación con la anterior campaña.
Si la demanda es inferior a la oferta, quiere decir que quien gana mercado es porque se lo está quitando a otro, por lo que tendremos que buscar elementos diferenciadores en nuestros productos que los hagan competitivos, pues de otro modo, el principio de la evolución “te aclimatas, emigras o mueres” se aplicará de forma inexorable.
Esta OCM, que ya no es del vino, en tanto que se ha integrado en la OCM única, ya en su exposición de motivos, se propone liberalizar las plantaciones de viñedo, con la consiguiente pérdida patrimonial del valor de nuestros derechos, planteando un escenario indiscriminado, en el que aparecerán nuevos e impensables competidores que nos arrasarán, si es que estamos vivos.
Por otra parte, y en aras de conseguir una mayor competitividad con el resto de países, se modifica la normativa relativa al etiquetado de los vinos, de tal forma que los términos de variedad, añada, crianza, reserva y gran reserva, menciones estas que acuñan un concepto de calidad certificada por unos consejos reguladores que han situado sus caldos en parámetros comerciales diferenciales, se podrán utilizar por cualquier vino.
Esto supone que, si partimos de la base de que no se incrementa el consumo, la lucha es interna dentro del propio sector, y la política lo que hace es certificar una calidad presunta, por imperio de la ley, para que unos vinos y otros compitan en términos de igualdad, en perjuicio de una calidad conseguida mediante minoración de rendimientos, y procesos de calidad, marketing y profesionalización.
Ante esta situación, el presupuesto de la OCM se reparte en medidas de arranque, Destilación de Uso de boca, Pago Único del mosto, plantación de viñedo mediante planes de Reestructuración y mantenimiento del viñedo de secano, como medida de carácter medioambiental, y se apoya mediante la línea ICO-Liquidez , por la que en los créditos bancarios que podrán pedir los agricultores y la industria agroalimentaria, el Gobierno regional asumirá, entre otras cosas, la bonificación de los intereses en la devolución de los préstamos.
Necesitamos una administración que ponga en marcha medidas para profesionalizar y dimensionar las bodegas y cooperativas, promover la calidad de nuestros vinos y fomenten su consumo, así como medidas que controlen las importaciones de países terceros, garantizando precios estables y dignos para productores, elaboradores y consumidores.
Es necesaria una política agraria que defienda un modelo de agricultura social, sostenible y viable económicamente, generador de empleo, y que ayude al equilibrado asentamiento de la población en el medio rural.
Cooperativas y SAT, hay una por pueblo, y a veces dos, y son pocas las que tienen estructuras de comercialización potentes para colocar en buena posición sus producciones en los mercados. El resto está acostumbrado a “ir tirando”, recibiendo los apoyos de la Administración Regional.
Necesitamos que nuestras cooperativas, motor económico, en algunos casos exclusivo, de nuestros pueblos, con un capital comprometido con el desarrollo económico y social de su ubicación, vinculadas al territorio, sean fuertes y transformen los productos de calidad que se producen en nuestra provincia. El nuevo modelo cooperativo que ha de vislumbrarse, con vocación de mercado, requiere de una nueva dimensión empresarial propiciada por la profesionalización, el fomento de la integración cooperativa, así como el reforzamiento de las estructuras comerciales, la internacionalización y promoción de los productos agroalimentarios cooperativos.
De la misma forma, los socios de las cooperativas, también deberán dar pasos para dotarse de unas explotaciones con la suficiente dimensión y rentabilidad, para que sean viables.
La vendimia ya ha empezado, las uvas han madurado muy rápidamente debido a las elevadas temperaturas de agosto, lo que esta provocando niveles altos de azúcar bajos índices de acidez y un PH elevado, a lo que hay que sumar unas condiciones sanitarias de la uva excelentes con importantes reducciones de tratamientos fitosanitarios por las altas temperaturas.
Se estima una cosecha entre 39 y 41 millones de hectolitros, según las fuentes, lo que supondría una merma del 5 al 15% en relación con la campaña pasada. Este año hay menos uva que el año pasado, a lo que habría unir las casi
La situación de mercado es muy complicada. El consumo interno es bajo. La exportación se encuentra muy ralentizada por problemas de liquidez (problemas con los avales procedentes de bancos extranjeros). Las bodegas han estado vendiendo a la baja, especialmente desde el mes de mayo, cuando se pronosticaba una buena cosecha, por miedo a no tener sitio para elaborar esta vendimia, mientras que los industriales están aprovechando la presión de la oferta.
Los acuerdos con los bodegueros sobre precios se están complicando mucho, en D.O. Valdepeñas se firmó gracias la “intervención” del Director General de la Consejeria, Francisco Martinez, y después de días de paralización de la vendimia, con bloqueo de las principales bodegas incluido. Al final el precio mínimo de referencia para la uva blanca será de 0,014 €/kilogrado más 0,001 por porte, y de 0,016 €/kilogrado más 0,002 por porte para la uva tinta.
Este complicadísimo escenario le pilla al sector sin herramientas para regular el mercado como se hacia en años anteriores. Las cooperativas pidieron destilación de crisis, por nada menos que 4 millones de hectolitros, lo que permitiría quitar presión al mercado. Sin embargo, los 213 meuros del sobre nacional no incluye ninguna partida para almacenamientos privados o destilaciones de crisis, y la administración no tiene previsto realizar estas medidas con fondos nacionales.